lanacion.com | Opinión
Lunes 11 de
agosto de 2014 | Publicado en edición impresa
El país esta vez no está tan solo
Por Juan Gabriel Tokatlian
| Para LA NACION
Se
ha dicho y se dice que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, electo
democráticamente, ha utilizado el tema de los denominados fondos buitre en 2014
tal como el régimen autoritario de Leopoldo Galtieri usó el tema de la
ocupación de las islas Malvinas en 1982. Esto es: para exacerbar un
nacionalismo bravucón, para legitimar una conducta agresiva ilegal y para ganar
réditos políticos transitorios. No creo que esa analogía sea atinada, que le
resulte útil al Gobierno, ni que la comparación brinde dividendos electorales
futuros a la oposición.
Esto no implica
negar cierta similitud, pero de otro orden, entre las Malvinas y los buitres.
Dejemos de lado por un momento la naturaleza de las decisiones (en un caso, un
acto bélico y en el otro, el incumplimiento de una sentencia); el juicio sobre
las razones que las impulsaron; la evaluación del temperamento y el estilo de
los que las adoptaron; la valoración de la diplomacia que las acompañó y el
veredicto acerca del poder relativo real del país para embarcarse en aquellos
cursos de acción. Por un instante, en lugar de mirar hacia adentro observemos hacia
afuera. Más que centrarse en la política interna, analicemos los dos temas
desde el ángulo de la política mundial.
La Guerra de Malvinas se produjo en medio de un fuerte
recalentamiento de la
Guerra Fría; implicó un gran desafío para la segunda potencia
militar de Occidente y se gestó por iniciativa de un Estado del Sur y contra
una potencia del Norte. Una eventual victoria de la Argentina hubiese tenido
reverberaciones estratégicas impredecibles que trascendían las relaciones entre
Buenos Aires y Londres. Aunque se trata de una afirmación contrafáctica, los
análisis públicos, oficiales e independientes que hoy conocemos muestran que
resultaba inadmisible para los países centrales el triunfo militar argentino.
Así, Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa Occidental, tanto en el marco de la OTAN como en la ONU, tuvieron un
comportamiento monolítico frente a la Argentina: apoyos recíprocos y sanciones
compartidas. Una vez que las FF.AA. del país decidieron persistir en la
ocupación de Malvinas ya no hubo retorno: la Argentina debía ser
disciplinada militarmente.
Entre 1981, cuando
los militares argentinos se hicieron más visibles en América Central debido a
sus operaciones contra-insurgentes encubiertas, y 1982, con Malvinas, la Argentina pasó de estar
alineada con Estados Unidos y ser un cruzado cristiano y anticomunista a
convertirse en un paria que osó desafiar a Occidente. A veces y frente a
determinadas crisis, la política mundial es tan vertiginosa, inesperada y cruel
que algunos de sus protagonistas no alcanzan a ponderar el alcance de sus
acciones.
El tema de los holdouts
se produce en un contexto distinto. La gran recesión de Occidente no ha sido
aún superada; en algunos tableros mundiales avanza un multipolarismo complejo;
el Sur parece incrementar su voz y peso en los tópicos globales y la influencia
de la sociedad civil internacional y de distintos actores no estatales es mayor
que en el pasado. El caso de los fondos buitre representa un delicado y
contradictorio conjunto de principios, posiciones y pugnas. Cuestiones como la
soberanía, el derecho, la equidad, las finanzas, la geopolítica y asuntos como
el poder de los Estados, la gravitación de fuerzas transnacionales y el papel
de las instituciones atraviesan el tema. A diferencia de 1982, la Argentina no parece
estar tan sola. Sin embargo, los respaldos que ha recibido el país no deberían
llevar a confusión: la postura argentina frente a los buitres constituye un
hecho infrecuente que tendrá consecuencias globales importantes.
La disputa sobre
la regulación o no del capital financiero es un fenómeno decisivo de la
política mundial que refleja una tensión creciente entre asentir o impugnar un
orden cada vez más injusto e inequitativo. La Argentina, sin
proponérselo, terminó ubicada en esa intersección conflictiva de distintas
fracciones del capital que escasamente se ven condicionados por los dichos de
Barack Obama, Angela Merkel o Xi Jinping.
En el mejor
escenario para el país se logrará frenar parcialmente el poder de los
especuladores globales. La perspectiva inquietante y ruinosa para los
argentinos es que se vuelva a imponer la disciplina a como dé lugar. En menos
de un año, la Argentina
cerró un contrato con Chevron que muy pocos conocen en detalle, asumió los
pagos que perdió ante el Ciadi en casos muy emblemáticos, llegó a un compromiso
multimillonario con Repsol y firmó un acuerdo con el Club de París, pagando un
monto enorme de punitorios. Hizo todo por mostrarse pro occidental. Hoy, sin
embargo, puede convertirse en el "conejillo de indias" de una disputa
financiera que la excede y en la que varios gobiernos de Occidente no tienen
una postura antiArgentina. Por el contrario, muchos sectores en Europa y
Estados Unidos no comparten el sentido y el alcance del fallo del juez Thomas
Griesa; lo cual tampoco debe interpretarse como una señal contraria a una
solución negociada.
En poco tiempo se
podrá evaluar el alcance de la semejanza entre Malvinas y buitres que propongo
acá y que no es de naturaleza doméstica. Pronto sabremos si el país será objeto
de un nuevo disciplinamiento, esta vez financiero, o si asistimos al gradual
inicio de un freno a la especulación y al esbozo de instituciones
internacionales para el manejo de deudas soberanas. En este caso, no habrá que
lanzarse a un festejo desbordado, sino asumir los grandes retos internos de
equidad y justicia que siguen pendientes. Aún queda un año de gobierno.
Argentina: antecedentes y perspectivas tras el fallo de la justicia
estadounidense.
Una de
piratas
Por Claudio Scaletta
El
conflicto con los fondos buitre dificulta el plan oficial de recomponer el
frente financiero y conseguir créditos en el exterior, lo que impactará en la
evolución del PIB. Sin embargo, la estrategia de sostener la demanda puede
concretarse por otras vías, mientras se utiliza el poder del deudor para
negociar con los holdouts.
Hay
conceptos que el poder logró estigmatizar y que, aunque especialmente obvios, a
veces necesitan ser explicados nuevamente. Uno de ellos es el de colonialismo.
Lo que define una relación colonial, al margen de sus formas, es la extracción
del excedente económico. En la América hispánica, por ejemplo, la apropiación
del excedente se aseguraba por la vía del monopolio del comercio. No por nada
uno de los lemas de la Revolución de Mayo fue “por la libertad de comercio”.
Incluso después de la formación de los Estados nacionales el comercio continuó
siendo el mecanismo de extracción por excedencia. Su legitimación teórica la
brindó David Ricardo, con su teoría de las ventajas comparativas. Las ventajas
de las colonias eran los productos primarios; las de la metrópoli, las
manufacturas, una garantía de que las primeras se mantendrían como proveedores
subdesarrollados. La nueva metrópoli, Inglaterra, no necesitaba plantar
bandera; con el liberalismo económico era suficiente. En paralelo fue ganando
peso un factor adicional, la dimensión financiera de estas relaciones, que no
tardarían en plasmarse en endeudamiento externo. En Argentina, si bien es
posible remontarse como modelo al empréstito de la Baring en los albores de la
independencia, el mecanismo financiero fue colateral hasta bien entrada la
última dictadura cívico-militar. Fueron los primeros gobiernos democráticos
quienes comenzaron a sufrir las condicionalidades asociadas al nuevo estatus de
país sobreendeudado. Para los acreedores ya no se trataba sólo de una simple
relación comercial, sino de la capacidad de influir sobre el total de la
política económica.
Con
el plan Brady de fines de los 80 apareció la figura de los acreedores como
“bonistas”. La titularización de la deuda en bonos negociables, en reemplazo de
deudas directas a un club de bancos, como ocurría hasta 1989, licuó la
posibilidad de rastreo sobre el origen de las acreencias. Los 90 fueron la
década del constante refinanciamiento de los vencimientos a tasas crecientes.
La convertibilidad, al demandar un permanente ingreso de capitales para
sostener un tipo de cambio sobrevaluado, potenció el problema. El blindaje de
José Luis Machinea y el megacanje de Domingo Cavallo fueron los últimos manotazos
de ahogado que supuestamente evitarían el default y sus consecuencias.
La
nueva democracia renació sujetada. Fueron los tiempos de las cotidianas
misiones del FMI y sus consecuencias: políticas que aplastaron ramas enteras de
la economía, liquidaron el capital social acumulado y avanzaron sobre los
derechos de los trabajadores. Las medidas más extremas de enajenación del
patrimonio público, que alcanzaron su cenit con la privatización de YPF, pero
también con la lisa y llana reducción nominal de salarios y jubilaciones, se
justificaron con un único argumento: “Es lo que nos pide el FMI”. El objetivo
declarado era ser “confiables” para los mercados, lo que supuestamente
garantizaría la continuidad de los flujos financieros.
Para
quienes vivieron estos procesos, la situación por la que hoy atraviesan muchos
países altamente endeudados de la periferia europea es una terrorífica película
ya vista: en el centro de la trama reaparecen las misiones de los organismos
financieros, los ajustes para garantizar el repago de las deudas, la
liquidación del patrimonio público en favor de empresas de los países
acreedores y la pérdida de derechos sociales. Como contrapartida, el mecanismo
de sujeción, de cristalización de la relación colonial – el endeudamiento en divisas
– no sólo se mantiene intacto, sino que gana peso. Y ello a pesar de que, en el
proceso, nunca se cortan los dos objetivos fundamentales de la relación
colonial: la transferencia del excedente y la imposición de políticas. El
colonialismo siglo XXI es sofisticado y multidimensional.
El poder del deudor
La
explicación que antecede parece larga pero resulta indispensable. La actual
disputa con los fondos buitre no es un problema económico. Es un problema
político de cuestionamiento al orden colonial; al statu quo internacional. Pero
un cuestionamiento al que Argentina fue empujada.
Tras
el trauma del default y la devaluación, que se concretaron de hecho a
principios de diciembre de 2001, cuando se instauró el corralito y los dólares
ya no estaban, el deterioro social de la crisis llegó a su pico durante el
2002. Los poderes financieros globales, que en 2001 le habían bajado el pulgar
al país, pensaron que el caso argentino serviría de escarmiento para que nadie
creyera que la cesación de pagos era un camino posible.
Pero
algo salió mal porque Argentina comenzó a ensayar una vía alternativa, tanto en
materia de política económica como de endeudamiento. En principio, los flujos
de recursos del exterior quedaron cortados y la cesación de pagos se mantuvo
hasta 2005. El crecimiento que comenzó a registrarse en 2003 se sustentó
entonces con recursos propios. Su lógica, que rige hasta el presente, fue el
sostenimiento de los componentes de la demanda agregada: el consumo, la
inversión, el gasto del sector público y el neto del comercio exterior. Si bien
es cierto que existieron precios favorables para los commodities, un beneficio
que alcanzó a todos los países de la región, la tasa de crecimiento del PIB se
mantuvo varios puntos por encima del promedio regional. Hartos de no cobrar,
luego de extensas negociaciones, los tenedores de bonos en default aceptaron en
2005 una reestructuración con una quita superior a todas las renegociaciones
soberanas realizadas hasta entonces. El país hizo valer un poder que nunca había
usado: el poder del deudor. Con la reapertura del canje en 2010, casi el 93 por
ciento de la deuda quedó regularizado. Hoy muchos lo olvidan, pero desde el
principio la reestructuración intentó ser boicoteada por los organismos
financieros internacionales. Para colmo, en los primeros días de 2006,
inmediatamente después de la reestructuración y cuando el nivel de reservas
internacionales era similar al del presente, el país pagó en efectivo casi 10
mil millones de dólares adeudados al FMI, con lo que se desembarazó de su
ruidosa injerencia. Como reseñó el ministro Axel Kicillof en la reunión del
Grupo de los 77 más China realizada en la ONU, el país lleva pagados desde la
reestructuración 190 mil millones de dólares, 100 mil de ellos en divisas. No
parece precisamente el “defaulteador serial” que por estos días se describió en
la prensa financiera.
(…)
Escarmiento
Argentina
puede decir que en su disputa con los fondos buitre cuenta con el apoyo de los
gobiernos de Estados Unidos, Rusia, Francia, la Unasur, la Celac y el G-77 más
China. Sin embargo, a la hora de enfrentar sus pasivos deberá hacerlo con su
bolsillo. Quizá sea necesario que la solidaridad internacional se transforme en
algo más que declaraciones. Por otro lado, resulta llamativo que el supuesto
apoyo del gobierno de Barack Obama no sea capaz de impedir singularidades de
dudosa rigurosidad jurídica como el fallo neoyorquino. Son muchos los
instrumentos con los que, más allá de la división de poderes, cuenta un
gobierno imperial. Volviendo a la relación colonial y sus dos objetivos
principales, lo concreto es que Argentina representa un modelo que logró
debilitar el instrumento de sujeción. Más allá de la discusión por las cifras,
resulta innegable que la relación deuda/PIB, y especialmente deuda en
divisas/PIB, se redujo drásticamente en la última década. Y ello en un marco de
crecimiento y de recuperación del patrimonio público, el empleo y los derechos
de los trabajadores. El país es un mal ejemplo y no parece casual que las
distintas células del poder financiero global se articulen para hacer tronar el
escarmiento.
Muchos
economistas, incluidos premios Nobel, sostuvieron que la decisión del Poder
Judicial estadounidense afectará futuras reestructuraciones de deuda soberana y
que el triunfo de los buitres es una pésima señal para el sistema. Se habló
incluso de que Nueva York podría verse afectada como plaza financiera global.
Una lectura alternativa es que el fallo no es un hecho aislado producto de la
animadversión de un juez menor sino que representa una clara señal del poder
imperial de que la opción elegida por el país no puede ser el camino, ni en la
relación con los mercados financieros globales ni en materia de política
económica.
Sobre
este último punto resulta especialmente gráfico un artículo del diario La
Nación del martes 24 de junio: “La sensación frente a la posibilidad de un
acuerdo es mixta: por un lado, se quiere que haya un final feliz, los
inversores cobren y el país no caiga en otro default. Pero tampoco desean que
esto signifique un flujo inmediato de fondos desde el exterior que le permita a
la presidenta Cristina Kirchner ejercer poder de veto sobre su sucesor o,
eventualmente, mantener sus chances para competir en las elecciones
presidenciales de 2019” (2) (las cursivas son propias). Resulta notable que la
voluntad de injerencia del poder financiero sobre la política interna se
escriba tan literalmente.
(…)
Claudio
Scaletta es economista.
©
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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